Te ofrecemos asistencia integral a los afectados por ejecuciones hipotecarias, proporcionando apoyo legal personalizado en cada etapa del proceso. Las ejecuciones hipotecarias suelen ser procedimientos complejos y emocionalmente desgastantes, por lo que nuestro principal objetivo es proteger los derechos e intereses de los clientes que enfrentan esta difícil situación.

Desde el despacho, podemos ayudar a los afectados de las siguientes maneras:

• Asesoramiento preventivo: Evaluamos la situación financiera del cliente y sus obligaciones hipotecarias antes de que se inicie un proceso de ejecución. Esto nos permite identificar posibles soluciones, como la renegociación del préstamo o la solicitud de una reestructuración de la deuda.

• Defensa jurídica durante el proceso: Si ya ha comenzado la ejecución hipotecaria, ofrecemos representación legal para revisar la validez del procedimiento. Verificamos si la entidad bancaria ha cumplido con todos los requisitos legales y si existen vicios procesales que puedan ser aprovechados en defensa del cliente.

• Negociaciones extrajudiciales: En muchos casos, es posible llegar a acuerdos con el banco para evitar la subasta del inmueble. Facilitamos la comunicación y negociación con las entidades financieras para proponer alternativas como la dación en pago, quitas de deuda o modificaciones de las condiciones hipotecarias.

• Reclamación de cláusulas abusivas: En algunos casos, los afectados pueden haber sido víctimas de cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios, como las cláusulas suelo o gastos hipotecarios injustamente cargados. Nuestro despacho puede identificar y reclamar estas irregularidades en defensa del cliente.

• Asistencia en la subasta o lanzamiento: Si el proceso de ejecución avanza hasta la subasta o desalojo, acompañamos al cliente en este difícil proceso, buscando postergar el lanzamiento, solicitar prórrogas o, en algunos casos, interponer recursos que permitan alargar los plazos y dar margen para encontrar soluciones.

Nuestro objetivo es garantizar que los afectados por ejecuciones hipotecarias reciban una defensa sólida y un trato humano, brindando todas las herramientas jurídicas posibles para proteger sus derechos y minimizar las consecuencias adversas.

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